AMÉRICA Y CARIBE

Paraguay pedirá a Uruguay detención y extradición de connacionales que escaparon de Brasil

El viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Antonio Rivas Palacios, informó al embajador uruguayo en Asunción, Federico Perazza, que su Gobierno presentará un pedido oficial de detención preventiva con fines de extradición contra Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, según medios locales.

El vicecanciller que oficializará la titularidad de la cartera la semana que viene luego de la renuncia de Luis Castiglioni llamó al representante uruguayo por la sospecha de que los tres ciudadanos se escaparon desde Brasil, informa el diario ABC Color.

La organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) confirmó que Arrom, Martí y Colmán se encuentran en Uruguay.

Los tres fugitivos se escaparon de Brasil tras perder su calidad de refugiados.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) divulgó a principios de junio una sentencia unánime en la que desliga de responsabilidades al Estado paraguayo de acusaciones de violación a los derechos humanos de los militantes del movimiento político Patria Libre.

La Corte-IDH recibió el caso elevado por la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) a raíz de la supuesta desaparición forzada y torturas de los líderes del movimiento político Patria Libre, quienes reclamaron además reparaciones por más de 100 millones de dólares.

La denuncia presentada a la CIDH indica que Arrom y Martí fueron detenidos de manera arbitraria por la policía el 17 de enero de 2002, secuestrados por agentes estatales durante dos semanas y sometidos a torturas hasta que fueron hallados por sus familiares; en diciembre de 2003 ambos obtuvieron el estatus de refugiados en Brasil.

Luis Alberto Castiglioni, el canciller de Paraguay

Arrom y Martí aseguraron que en los interrogatorios se buscaba que se declararan culpables del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, por la cual se exigía una alta suma de dinero para su liberación.

Para la CIDH, el estado paraguayo violó varios artículos de las convenciones americanas sobre derechos humanos, desaparición forzada y prevención de la tortura.

En cambio la Corte-IDH encontró que el Estado paraguayo no fue omiso en investigar la denuncia de secuestro y torturas, que en la investigación judicial no se probó la responsabilidad de los agentes estatales denunciados y que por tanto no se probó la responsabilidad internacional del país.

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