ARGENTINA

Polémica licitación millonaria en el Ministerio de Deportes que dirige Matías Lammens: el único oferente es un empleado de San Lorenzo

El actual funcionario nacional ocupó la presidencia del club hasta finales de 2019, cuando asumió el cargo en el Gobierno. En caso de corroborarse algún vínculo podría ser investigado por tráfico de influencias.

El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, a cargo de Matías Lammens, anunció a comienzos de febrero una licitación por $121.445.836 para obras en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard). De acuerdo a la plataforma oficial Compr.Ar, el único oferente es un empleado de San Lorenzo, club que presidió hasta que presentó su renuncia para asumir como funcionario del Gabinete de Alberto Fernández.

La licitación, convocado a través del Proceso 28-0021-LPU20, expone que solo se confirmó una oferta para realizar el servicio de “Mantenimiento y reparación integral de las instalaciones de la Pista de Atletismo en el CENARD“. De acuerdo al apartado “Ofertas del proceso de compra” participan 3 proveedores pero solo se publica una propuesta por $121.445.836 a nombre de la empresa RESINSA SA.

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Esta compañía se inscribió como proveedora para el Estado Nacional el pasado 19 de febrero, es decir, seis días antes de la apertura de la licitación. La empresa, con domicilio legal en José Cubas 3871 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como apoderada a Graciela Fuertes, quien es nombrada como directora suplente en el acta que inscripción de RESINSA SA.

Sin embargo, el dato relevante es que la mujer sería esposa de Daniel José Fernández, un arquitecto de 57 años que desde marzo se desempeña como Gerente de Instalaciones del Club San Lorenzo de Almagro y figura como socio principal de la empresa. A pesar de esto, su nombre no aparece en los registros de Compr.Ar, aunque si lo hace el otro socio: Rodolfo Werner Schmidt Gschwender.

El pliego de la licitación señala que el oferente, en este caso RESINSA SA, debe presentar una Declaración Jurada que detalle si existe vínculo con funcionarios públicos. Además, el ministro Matías Lammens tiene atribuciones para ser uno de los funcionarios que pueden decidir sobre el expediente. Si se comprueba algún vínculo podrían ser investigados por el delito de “tráfico de influencias” y aplicarse penas.

 

 

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