AMÉRICA Y CARIBE

Cuál es el conflicto entre los poderes establecidos y el poder constituyente en Chile

El próximo 21 de noviembre se desarrollarán en Chile elecciones presidenciales y de ambas cámaras del parlamento. Las votaciones se cruzarán con el trabajo de la Convención Constituyente y que, hipotéticamente, podría establecer que el país sudamericano tenga un sistema unicameral, entre otras muchas modificaciones a la institucionalidad existente.
Este 22 de septiembre se inició en Chile la propaganda electoral de cara a las elecciones del 21 de noviembre. En esta oportunidad, los habitantes del país sudamericano elegirán presidente, senadores, diputados y consejeros regionales.
Mientras los partidos políticos e independientes despliegan su campaña electoral, la Convención Constitucional (CC) continúa su trabajo.
El órgano constituyente chileno comenzó sus labores el pasado 4 julio y, a partir de esa fecha, tendrá nueve meses para presentar un nuevo texto constitucional, pudiendo ser ampliado por tres meses más, en una sola oportunidad.

Cuando las nuevas autoridades asuman sus cargos de representación el 11 de marzo de 2022, la Convención Constitucional aún continuará sesionando para establecer una nueva carta magna y la que podría establecer, hipotéticamente, un sistema unicameral.

La constituyente independiente Manuela Royo, y que se agrupa con otros convencionales en la plataforma Movimientos Sociales Constituyentes, señala a Sputnik que la Convención es un poder originario, por lo cual «las transformaciones que se realicen durante la CC van a modificar las instituciones del poder constituido: Fuerzas Armadas, Carabineros, Poder Judicial y Legislativo».
«De hecho, hay comisiones que directamente se refieren a la existencia de un mandato a legislar y hacer normas constitucionales en torno al Poder Legislativo. Ese poder va a hacer evidentemente modificado», agrega la constituyente.
«La constitución debe tener artículos transitorios que nos permitan dar esos traspasos desde lo que existe hoy y lo que va a existir a futuro», comenta a Sputnik la constituyente Loreto Vallejos, perteneciente a Pueblo Constituyente.
«El Congreso sabe efectivamente que es una opción pasar a un sistema unicameral y que, y si se llegase a eliminar una cámara en la Convención, debemos buscar las normas constitucionales transitorias para pasar de dos cámaras en una», agrega.
Poder constituido versus el poder constituyente
Durante las últimas semanas, y con especial fuerza después que se descubriera que el convencional Rodrigo Rojas no padecía cáncer como él afirmaba, se ha dado una disputa entre el poder constituido y el constituyente.
El pasado 7 de septiembre, la bancada de diputados de Renovación Nacional, partido que llevó a la presidencia a Sebastián Piñera, ingresó una moción de reforma constitucional para establecer mecanismos de renuncia en la Convención Constitucional.

El órgano constituyente, que se encuentra votando su reglamento general, se guía por el que existe en la Cámara de Diputados y Diputadas hasta la aprobación de su propio estatuto.
Para la convencional Manuela Royo, existen muchas resistencias por parte del poder constituido hacia el trabajo que se está realizando en la Convención Constitucional.
«No solamente del Poder Legislativo, sino que hemos visto, principalmente, por parte del Poder Ejecutivo y así también de distintas instituciones del poder constituido que han querido intervenir e interferir en la Convención Constitucional respecto a nuestras decisiones», señala la convencional.

A su vez, la constituyente Loreto Vallejos comenta que no existe inconveniente en que los distintos poderes discutan en torno a un tema. El problema de fondo, para la convencional, es cómo se van a decidir las cosas y que, evidentemente, no debe haber intervención.
Ambas constituyentes señalan que la principal interferencia que han vivido en la Convención por parte de un poder constituido ha sido desde Ejecutivo y el cual está encabezado por Sebastián Piñera.

Convencionales acusan un «doble discurso» de Sebastián Piñera
En un punto de prensa realizado el miércoles 22 de septiembre en el ex Congreso Nacional, lugar donde sesiona el órgano constituyente chileno, el vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, indicó estar preocupado por el «doble discurso que hemos visto del presidente de la República, que cuando sale al exterior se vanagloria con otros jefes de Estado respecto del exitoso proceso constituyente que los pueblos de Chile están llevando adelante».
«Sin embargo, puertas adentro estamos permanentemente obligados a enfrentar problemas obstáculos y obstrucciones», agregó.
La constituyente Manuela Royo comenta a Sputnik que lo realizado por Sebastián Piñera es «una hipocresía que raya el límite de la inmoralidad. Vanagloriarse de un proceso constituyente que surgió en contra del Gobierno de él mismo».

Las críticas de la Convención Constitucional hacia el ejecutivo se deben al rechazo a la solicitud propuesta por la CC de aumentar su presupuesto en 1.743 millones de pesos chilenos (2,2 millones de dólares). Esta inyección de recursos estaba destinada para gastos relacionados con asesorías, viáticos, entre otros, para mejorar su funcionamiento.
Para Loreto Vallejos la mayor interferencia que está afectando al órgano constituyente es «la nula capacidad que ha tenido el Gobierno de entregar, en base a la Ley 20.200 que nos tiene hoy acá, recursos económicos para financiar la Convención.
La Ley 20.200, a la que hace alusión la convencional Loreto Vallejos, fue promulgada el 23 de diciembre de 2019 por Sebastián Piñera. Este decreto modificó la constitución del país sudamericano y dio paso al plebiscito del 25 de octubre de 2020, en donde el 78,27% de los votantes decidió aprobar una nueva Constitución, lo que decantó en la creación de un órgano constituyente.

Esta ley establece que «los integrantes de la Convención recibirán una retribución mensual de 50 unidades tributarias, además de las asignaciones que se establezcan en el Reglamento de la Convención. Dichas asignaciones serán administradas por un comité externo que determine el mismo Reglamento».
Manuela Royo comenta que la negativa del Gobierno se traduce a que el órgano no pueda trabajar en forma digna.
«De hecho, a nuestras trabajadoras y trabajadores ni siquiera le hemos podido pagar durante estos tres meses de funcionamiento, porque no se han entregado las asignaciones», agrega.
La próxima presidencia de Chile
A mediados del 2022, la Convención Constitucional habrá terminado su trabajo y se convocará un nuevo plebiscito —con voto obligatorio— para determinar si Chile tendrá una nueva constitución o se seguirá rigiendo por la elaborada en 1980 por la dictadura cívico-militar.
Si Chile llegara a tener una nueva constitución, será el próximo presidente o presidenta que deberá promulgarla.

Es por lo anterior, que en el país sudamericano han surgido distintas voces, como la del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quién señaló en un programa de televisión que «el futuro presidente o presidenta de la República debe tener una presidencia corta, que tiene que estar determinada por el tiempo que tome la Convención Constitucional».
Consultada por el tema, la convencional Manuela Royo comentó que «en definitiva lo que hay que hacer es que la constitución tiene que instalarse y que la persona que sea electa presidente va a tener que adaptar su programa de gobierno a lo que se establezca en la constitución, porque es el poder originario y es la constitución la que establece las reglas políticas y de funcionamiento a los gobiernos de turno».

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