OPINIÓN

La reconciliación tiene sus días contados en El Salvador

El actual Gobierno de El Salvador pretende «honrar» los 30 años del Acuerdo de Paz desmantelando un peculiar monumento a la reconciliación, inaugurado hace solo un lustro.
El presidente Nayib Bukele se la tiene jurada a un llamativo conjunto escultórico erigido donde el boulevard Monseñor Romero busca la avenida Jerusalén, porque le parece «horrible» y porque está dedicado a un proceso que ha calificado de «farsa»: el fin de la guerra (1980-1992).
En una cadena nacional realizada el 4 de junio de 2020, Bukele ordenó al Ministerio de Obras Públicas desmantelar el Monumento a la Reconciliación, y recién a inicios de 2022 comenzó a verse movimiento de obreros preparando el desmontaje.
Sin embargo, de una manera tan abrupta como llegaron, los operarios abandonaron la tarea, y corre el rumor de que su destrucción fue aplazada hasta el 16 de enero, aniversario de los Acuerdos, para afianzar el simbolismo de su demolición.

Casa Presidencial no lo ha confirmado, pero dicha posibilidad es coherente con el estilo de esta administración, ducha en jugar con lo espectacular, dada a esos golpes de efecto que calan hondo y apuntalan los elevados niveles de popularidad del mandatario.
Se habla incluso de que Bukele hablará ese día desde las ruinas del Monumento, mientras en el país han sido convocadas marchas contra su gestión y para reivindicar la impronta de unos acuerdos imperfectos, pero que garantizaron el retorno de la democracia al país.
Estatua condenada
El personaje central de este monumento es una mujer de mirada tan desafiante como sus senos azules: se trata de la Mater Civis, una estatua que ha sido cuestionada por su inexplicable color azul, su rostro hosco y su prominente busto.
Ante tales atributos, la picardía salvadoreña la despojó de toda solemnidad y la bautizó como la Pitufina, la Chichuda o la Michi, por su presunto parecido con Ada Guzmán, amante y posterior esposa del expresidente Mauricio Funes (2009-2014), ambos prófugos de la Justicia.
Civis significa «ciudadano» en latín, y la idea del monumento azul era destacar ese espíritu cívico que, al menos en teoría, habría prevalecido tras 12 años de un conflicto armado que dejó una estela de muerte, derechos humanos violados y una aguda polarización política.

La escultura, erigida durante el mandato de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), amparaba con sus brazos a una guerrillera y a un soldado, quienes representan los bandos enfrentados durante la guerra y su compromiso de convivir en paz.
A un costado fue levantado un mural que reseña en alto relieve algunos episodios históricos de El Salvador, e incluye a personajes como el conquistador Pedro de Alvarado, los próceres Francisco Morazán y Gerardo Barrios, el líder indígena Anastasio Aquino, entre otros.
No podía faltar monseñor Óscar Arnulfo Romero, cuyo asesinato en marzo de 1980 desató la guerra civil, y lo elevó a los altares de la Iglesia Católica en octubre de 2018.
Sentimientos encontrados
El resultado, empero, no complació ni siquiera a su creador, el escultor salvadoreño Napoleón Alberto, residente en Italia, quien lo consideró «tosco, lleno de rigidez y defectos de anatomía y proporción», e incluso «una ofensa para la gente».
Con mejores ojos lo ve el opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), la antigua guerrilla que gobernó al país de 2009 a 2019.
«La destrucción de monumentos es la expresión irracional en contra de la Patria, es la intención materializada de destruir a los adversarios, enemigos fantasmas que inventan con propósitos nefastos», denunció el FMLN en un comunicado cuando Bukele mandó a desmantelar la obra.
Como sea, hasta ahora sobrevivió la estatua condenada, cuyos días parecen contados en este país que parece renuente a reconciliarse.

 

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